Ciclistas, ecologistas y senderistas manifiestan su queja ante el corte del Corredor Verde Metropolitano Sevilla por la obra ejecutada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conexión provisional de acceso sur al Puerto de Sevilla desde la SE-40. En concreto el corte se ha producido en el Tramo 1 de dicho Corredor, junto al cauce nuevo del Río Guadaira, a la altura de la EDAR El Copero.
Las quejas presentadas por A Contramano están siendo apoyadas por otros colectivos como la Sociedad Ecologista Alwadi-ira, el Club Ciclista Vega del Guadalquivir, la Federación Provincial Ecologistas en Acción-Sevilla, la Plataforma Salvemos el Guadaíra, el Club Deportivo Con Mi Gente, la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos (ASEDECA), Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Salidas en Bici Sevilla (SBS), etc. y han sido presentadas ante el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, El ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados: Sevilla, Dos Hermanas, Los Palacios y Coria. La queja completa puede consultarse AQUI
La obra, cuya necesidad no se discute, para reducir el tráfico por el Puente del Centenario para la sustitución de los tirantes del mismo, desviando parte del tráfico por el Puerto de Sevilla, se ha ejecutado ignorando la funcionalidad de los caminos de las márgenes del encauzamiento del río Guadaíra al sur de la A4-E5.
Así, el carril bici de la margen derecha, que ha sido cortado totalmente, forma parte del Corredor Verde Metropolitano Sevilla, y, según se indica en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, “conecta el Parque Periurbano de la Corchuela con los asentamientos urbanos de Sevilla, Los Palacios, Dos Hermanas, Coria del Río, Santiponce, Camas y el Parque del Alamillo”.
Y el camino de la margen izquierda, que ha sido desviado casi 2 km, pierde su función de vía de comunicación y esparcimiento para disfrute del Corredor Ecológico ejecutado por Emasesa en 2019, ya que recorrer su desvío necesita más de media hora a pie, y es una vía de servicio pavimentada con gravilla suelta que no tiene ningún interés ecológico.
La obra tiene irregularidades y no garantiza la servidumbre de paso.
Dicha obra tiene varias irregularidades legales, ya que: infringe el Reglamento General de Costas, puesto que el cauce el Guadaíra es Dominio Público Marítimo Terrestre, y no se ha dado continuidad a la zona de 6 metros de servidumbre de paso según el citado Reglamento; infringe también el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que establece una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público; tampoco tiene tramitación ambiental, que justifican con una afirmación incierta, diciendo en la Memoria que “El proyecto contempla la ejecución un ramal con dos carriles de sección con una longitud de dos kilómetros”, cuando es evidente que han ejecutado 4 carriles; y no han tenido en cuenta la ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, puesto que la obra afecta el enlace entre varios espacios protegidos.
Todas estas irregularidades se han cometido sin intervención alguna en contra por parte de instituciones que deberían haber hecho valer la legalidad y defender los derechos de los ciudadanos, como la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico, y los ayuntamientos de Dos Hermanas, Sevilla, Los Palacios y Villafranca y Coria del Río.
Sorprende que la obra se haya ejecutado sin tener en cuenta las actuaciones previstas en otros proyectos anteriores que, precisamente, se incluyen en el documento de Antecedentes de la misma, como el proyecto que se paralizó de cierre por el sur de la SE-40 con túneles bajo el Guadalquivir, y el anterior de enlace con el Puerto de Sevilla, en los cuales la continuidad de los caminos estaba asegurada por pasos inferiores o superiores a corta distancia del encauzamiento, cumpliendo los preceptos legales.
Pero aún más sorprendente es la respuesta recibida por parte del Ministerio de Transportes, argumentando que se trata de una obra de carácter temporal hasta que finalicen las obras del Puente del Centenario. Es evidente que el enlace ejecutado con la SE-40 forma parte del recorrido definitivo entre ésta y el Guadaíra, y la parte oeste, hacia el Puerto, con independencia de si finalmente la SE-40 se cierra por el sur con túnel o puente sobre el Guadalquivir.
Por tanto, la temporalidad es dudosa. En cualquier caso, las obras del Puente del Centenario tienen un periodo de ejecución de 27 meses, y su licitación está actualmente en periodo de evaluación, por lo que habrá que añadir lo que falte para la adjudicación, firma de los contratos, permisos de obra, etc.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no se concluirán en menos de 3 años. Los caminos llevan cortados casi un año. Cortar unos caminos muy utilizados por ciclistas y senderistas, que dan acceso a varios espacios naturales de gran valor ecológico durante, al menos, cuatro años, por muy temporal que sea, infringiendo varias leyes, no es una actuación propia de un Ministerio que dice en su página web “Corresponde al Ministerio de Transportes, … la propuesta y ejecución de la política del Gobierno …, a fin de garantizar una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia social; …”. ¿Puede haber justicia social ignorando a algunos colectivos y vulnerando las leyes?
